La suscriptora ha leído el estudio… dos veces. Un nuevo tratamiento, un mejor control a largo plazo, menos efectos secundarios… Sobre el papel, parece un gran avance. Esa tarde, se sienta frente al equipo de ventas, que le plantea la pregunta obvia: «¿Podemos ahora ser más rápidos, más baratos y más generosos?». La pregunta es legítima, pero rara vez es tan sencilla como parece.

Entre lo «clínicamente plausible» y lo «actuarialmente viable» se extiende un espacio lleno de incertidumbre, caracterizado, por ejemplo, por lagunas en los datos, sesgos de selección o la falta de datos de seguimiento a largo plazo.

Y es precisamente aquí donde la valoración de riesgos médicos actúa como un traductor, una función que exige mantener la cabeza fría, sobre todo cuando el entusiasmo crece.

La competencia como motor de la interpretación

Los seguros privados de vida y de invalidez profesional se basan en la capacidad de identificar los riesgos con precisión y fijar precios acordes, de forma que el acceso al seguro sea posible sin comprometer la promesa de prestaciones para el conjunto de los asegurados.

Quien no logre ajustar las primas y los criterios de suscripción al riesgo esperado favorece una asignación inadecuada de riesgos, y acaba perdiendo buenos riesgos frente a la competencia o ganando volumen a costa de una futura inestabilidad.

La literatura económica describe este problema mediante el término «selección adversa». Cuando los solicitantes conocen mejor su propio riesgo que la compañía aseguradora, la cartera puede desequilibrarse porque tienden a permanecer en ella los riesgos más desfavorables.

La contrapartida a esto se conoce como «riesgo moral»: una vez que la cobertura del seguro está en vigor, puede influir en el comportamiento o en los siniestros, no porque las personas actúen con menor integridad, sino porque cambian los incentivos a los que responden.

Esta lógica competitiva da lugar a una conclusión fundamental, bien conocida por quienes se dedican a la evaluación de riesgos: el sector asegurador estudia de forma constante hasta qué punto los avances médicos pueden traducirse en un acceso más económico al aseguramiento, tanto en el ramo de vida como en la cobertura de invalidez profesional.

Sin embargo, este análisis debe realizarse con prudencia, ya que, cuando están en juego compromisos de prestación de larga duración, adelantarse en exceso no supone solo un error de fijación de primas, sino también un riesgo para la solidez de la entidad. Y es precisamente esa solidez del sector asegurador la que sustenta la confianza de quienes, por ejemplo, han contratado un seguro de vida para respaldar una hipoteca a largo plazo.

La evidencia como cuello de botella

Cambiar la valoración de riesgos por otra basada en información insuficiente sustituiría un riesgo controlable por un riesgo de modelo y de datos difícil de gestionar. Esto es especialmente cierto cuando las previsiones deben resistir la prueba del tiempo a lo largo de décadas —precisamente el horizonte temporal en el que operan las pólizas de vida y de invalidez profesional.

Marcos regulatorios como Solvencia II recuerdan explícitamente a las compañías aseguradoras que sus compromisos deben poder cumplirse a largo plazo. La razón es sencilla: las garantías a largo plazo solo son sostenibles cuando también lo son la gestión del capital y del riesgo que las respaldan.

Los marcos de gestión del riesgo biométrico basados en la evidencia se apoyan en dos fuentes principales. Por un lado, la evidencia clínica y médica (estudios, directrices, registros, etc.), que documenta los resultados de los tratamientos y la evolución de la enfermedad. Por otro, la evidencia actuarial y poblacional (datos de siniestros y de carteras, epidemiología, estadísticas de accidentes, etc.), que permite contrastar empíricamente la probabilidad de siniestro en la población asegurada. Solo la combinación de ambas perspectivas permite establecer directrices coherentes, transparentes y sólidas.

En lo que respecta a la suscripción, esto significa que los avances médicos solo pueden reflejarse en las normas de suscripción si la evidencia es adecuada y sólida. No se trata de una postura cautelosa fruto de la tradición, sino de una consecuencia de un compromiso de servicio a largo plazo. Quien promete prestaciones durante décadas también debe gestionar la incertidumbre durante décadas; de lo contrario, el «acceso» se convierte en un gesto a corto plazo con consecuencias a largo plazo.

Dos tipos de equidad

En el debate en torno al acceso a los productos de seguros biométricos, a menudo se plantea la dicotomía entre «cálculo» y «equidad». Se trata de una simplificación útil, pero que no refleja plenamente la realidad. La equidad no es un concepto único válido para todos. En la práctica, conviven dos interpretaciones legítimas del término.

La equidad actuarial se basa en el principio de equivalencia: la promesa de prestación se valora de tal manera que la prima y la prestación esperada mantengan una relación sostenible a lo largo de la vigencia del contrato; las primas ajustadas al riesgo son la aplicación de este principio en la fijación de tarifas.

La equidad solidaria, entendida en el sentido de los sistemas de seguridad social, persigue la igualdad en el acceso y una financiación basada en la capacidad contributiva de cada persona, y no en su riesgo individual. Este es el núcleo del principio de solidaridad, que constituye uno de los elementos estructurales de sistemas como el seguro público de enfermedad.

Es importante distinguir ambos conceptos. La equidad solidaria resulta intuitiva desde una perspectiva social y forma parte del Estado del bienestar. Sin embargo, no equivale a lo que pueden ofrecer los seguros privados de vida o de invalidez profesional sin comprometer su propia lógica de funcionamiento. Estos productos son voluntarios, se sustentan en condiciones contractuales y deben garantizar la estabilidad de sus prestaciones a largo plazo.

Si la equidad solidaria se aplica como principal criterio de referencia, la lógica de suscripción y la estructura de precios se ven sometidas a una presión considerable – y, con ellas, las expectativas de los asegurados respecto a la capacidad del sector para proporcionar prestaciones –.

Una cultura de la evidencia como medio para regular el acceso

Las aseguradoras privadas están actuando de forma proactiva, aunque inevitablemente con cierto retraso – pues la evidencia sólida también está disponible con retraso, al igual que el acceso a los últimos medicamentos y terapias para el público en general. Quien interprete erróneamente esto como inercia no reconoce la naturaleza del producto. La evaluación de riesgos no es una reacción a los titulares, sino una disciplina de toma de decisiones basada en la evidencia.

Para los suscriptores, esto significa que no basta con limitarse a leer los estudios. Es fundamental que la evidencia se traduzca en medidas concretas. Esto debe beneficiar tanto a los nuevos solicitantes como a la cartera existente mediante normas de suscripción transparentes, mecanismos de seguimiento de resultados y procesos periódicos de actualización. Los responsables de la suscripción deben poder explicar con claridad los fundamentos de sus decisiones.

La evidencia es la moneda de cambio del acceso equitativo y, dado que obtenerla lleva tiempo, el acceso equitativo en el mercado privado suele producirse con cierto retraso.

Notas finales

1. Trickey, A., Sabin, C., Burkholder, G., et al. (2023). Life expectancy after 2015 of adults with HIV on long-term antiretroviral therapy in Europe and North America: A collaborative analysis of cohort studies. The Lancet HIV, 10, e295–e307.
2. Gen Re (2023). Breaking the stigma – Fair access to insurance for people living with HIV, www.genre.com/knowledge/publications/2023/december/fair-access-to-insurance-for-people-living-with-hiv-en (consultado el 9 de junio de 2026).